Mientras el organismo de control de armas químicas del mundo le da a Asad otra palmadita simbólica en la muñeca, un trabajador médico sirio y testigo ocular de los ataques químicos lamenta la ausencia continuada de rendición de cuentas tras más de 300 delitos químicos en Siria.

El miércoles pasado, los Estados miembros de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ, OPCW por sus siglas en inglés) votaron para despojar a Siria de sus derechos de voto en el organismo de control de armas químicas avalado por la ONU, en respuesta a su reiterado incumplimiento de las decisiones de la OPCW. Supone un movimiento simbólico en un mes simbólico: un mes cargado de recuerdos por los ataques químicos contra las ciudades sirias de Khan Shaykhun y Duma en abril de 2017 y abril de 2018, respectivamente. Para mí, personalmente, como profesional médico sirio y testigo ocular de anteriores ataques químicos en el país, es la última de una larga lista de decepciones en relación con las responsabilidades criminales de Bashar al-Asad por las atrocidades químicas exhaustivamente documentadas.

Después del grave ataque químico contra los suburbios de Guta, en Damasco, el 21 de agosto de 2013, el mundo entero se puso en alerta máxima, haciendo sonar, aparentemente, tambores de guerra contra el régimen sirio. El presidente Barack Obama se había pasado el año anterior amenazando repetidamente con tomar represalias con fuerza militar en caso de que Asad cruzara su “línea roja” y utilizara armas químicas, reiterando que Asad había perdido toda legitimidad en todo lo relativo a Siria. Yo mismo me encontraba en Guta en aquel momento. Los trabajadores médicos estábamos completamente agotados, especialmente porque teníamos que lidiar, además de con todo nuestro trabajo médico, con las consultas de los medios, periodistas, comités internacionales y comunicaciones con diplomáticos y ministerios de relaciones exteriores. Apenas podíamos respirar. Recuerdo vívidamente cómo me comuniqué con mi familia en el corazón de Damasco y les aconsejé que prepararan nuestra casa para posibles ataques militares: “Tapad los cristales de las ventanas. Preparad muchas velas y recipientes con agua potable. Es posible que corten la electricidad y el agua durante períodos prolongados. Aseguraos de tener un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada y otros suministros de alimentos secos”.

Sentíamos que un suceso inevitable se precipitaba sobre Damasco; un suceso que no hubiéramos deseado, pero que, no obstante, podía ser un mal necesario. Queríamos que el régimen fuera desarraigado por cualquier medio. Sin embargo, a los pocos días surgió la perspectiva de un acuerdo político, negociado por Rusia, entre Obama y Asad. Los tambores de guerra callaron. Si bien nadie había deseado la guerra, ese acuerdo no implicaba castigo de tipo alguno por el uso flagrante de armas de destrucción masiva prohibidas. Todo lo que Asad tenía que hacer era aceptar deshacerse de su arsenal químico, aunque no tuviera realmente intención de hacerlo, y unirse a la Convención de Armas Químicas. Fue la luz verde para nuevos ataques. Los sirios habíamos sido víctimas dos veces: primero, de los ataques químicos de Asad, y segundo, de las inexistentes “líneas rojas” de Obama.

Armas químicas y bombardeo de hospitales

El 4 de abril de 2017, el régimen de Asad llevó a cabo una serie de ataques químicos con gas nervioso sarín en la zona rural del norte de Hama y en el sur de Idlib, en la ciudad de Khan Shaykhun, matando a más de 90 personas e hiriendo a más de 500. Los ataques habían comenzado unas semanas antes, el 25 de marzo, con un ataque químico contra un hospital en al-Lataminah, matando al médico Ali Darwish cuando se hallaba operando en quirófano.

El 2 de abril, dos días antes de la masacre de Khan Shaykhun, las fuerzas del régimen sometieron el Hospital Nacional de la ciudad de Ma’arrat al-Nu’man a intensos bombardeos que lo dejaron inoperante, a pesar de su gran tamaño y sólida construcción. Ma’arrat al-Nu’man era la ciudad más cercana a Khan Shaykhun. Al parecer, el régimen quiso dejarlo fuera de servicio deliberadamente para maximizar las bajas cuando golpeara Khan Shaykhun dos días después.

Para los sirios, las armas químicas evocan imágenes de sudarios funerarios blancos tendidos sobre filas de cadáveres; de niños asfixiados; de madres llorando; y de palabras vacías de los políticos. Al fondo, siempre hay un hospital, que también es una víctima: bombardeado, agotado e indefenso ante el puro horror del crimen.

El contexto militar

Casi exactamente un año después, el 7 de abril de 2018, las fuerzas de Asad lanzaron munición cargada con un derivado de cloro cerca del hospital de Duma, al noreste de Damasco. El personal médico había reforzado el edificio con elementos complejos y sofisticados. Estaba ubicado en la zona de Al-Masaken, en Duma, a solo unos kilómetros del conocido Hospital Público de Especialidades de la zona rural de Damasco, en el centro de la ciudad. En ese momento, la región de Guta oriental y sus principales centros urbanos estaban siendo machacados por una brutal campaña militar que lanzó más de 25 ataques aéreos, documentados, contra instalaciones médicas en el transcurso de tres meses, junto con ataques con armas químicas. La mayor y más mortífera de ellas fue la masacre del 7 de abril en Duma, que provocó 43 muertos y más de 500 heridos.

Los ataques químicos contra comunidades residenciales en Siria se producían a menudo en aquel momento en el contexto de campañas militares en la región local. Los grandes ataques químicos suelen ir precedidos por una serie de ataques aéreos más ligeros. En cada operación, la infraestructura y las instalaciones de servicios, especialmente los hospitales, son un objetivo importante. Esto ha sido particularmente así desde que se inició la intervención militar directa de Rusia en Siria en 2015, tras la cual los ataques a las instalaciones médicas se convirtieron en una táctica militar deliberada, destinada a paralizar los sectores médicos locales durante las campañas militares.

Esfuerzos internacionales

El Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido no menos de tres resoluciones relativas al uso de armas químicas en Siria. La primera fue la Resolución 2118, publicada a fines de septiembre de 2013, a raíz de la infame masacre de Guta del mes anterior. Dicha resolución formalizaba el acuerdo entre Moscú y Washington, un intento de calmar las tensiones políticas a cambio de que Siria se adhiriera a la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y pusiera su arsenal químico bajo la supervisión de la ONU y la OPCW. El artículo 21 de la resolución contenía un texto que sugería el posible uso de determinadas medidas en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU, en caso de que se produjeran más violaciones en Siria.

El régimen no tardó más que unas pocas semanas en violar esta Resolución y la CAQ, atacando el barrio de Jobar en Damasco con productos químicos en noviembre de 2013. A continuación, se produjeron ataques similares, algunos de los cuales produjeron nuevos síntomas en sus víctimas, como el ataque a Harasta, cercana a Duma, en marzo de 2014. Pronto quedó claro que el régimen estaba haciendo uso de nuevos productos químicos, especialmente del cloro, que se utilizó por primera vez con efectos letales en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En 2015 se registró el mayor número de ataques químicos, con al menos 69 solo en ese año. Sobre el terreno, la Resolución 2118 no había hecho más que fomentar aún más el uso de armas químicas en Siria. Más del 77% de todos los ataques químicos tuvieron lugar después de que se emitiera dicha Resolución.

En aquel momento se produjo un debate generalizado sobre qué sustancias concretas se estaban utilizando en esos ataques. Creí que esta discusión -que me pareció que no abordaba el meollo de la cuestión- era meramente local. Cada nuevo ataque traía la misma pregunta sobre si se había utilizado sarín, o quizás un compuesto organofosforado relacionado con él, o cloro. Personalmente, me sorprendió que el Consejo de Seguridad de la ONU asumiera el papel de profesor de química, explicando al mundo que el cloro estaba prohibido como arma en virtud de la Resolución 2118; un punto que reiteró explícitamente al emitir la Resolución 2209 de 2015. Esta nueva Resolución no contenía nada nuevo en lo que respecta a la rendición de cuentas o responsabilidad por los delitos químicos en curso en Siria; todo lo que comprendía era una exposición de conceptos básicos de la guerra química al explicar que el cloro también era un arma prohibida internacionalmente.

Cinco meses después, en agosto de 2015, el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 2235, que creaba un Mecanismo de Investigación Conjunto (JIM, por sus siglas en inglés) encargado de monitorear el uso de armas químicas en Siria y, de manera especial, identificar las entidades responsables de dicho uso. Durante los dos años siguientes, el JIM emitió siete informes, dejando muy clara la responsabilidad del régimen de Asad en los ataques químicos y exponiendo con meticuloso detalle las bases militares precisas utilizadas para cuatro de esos ataques. El JIM estableció también que los yihadistas del Estado Islámico (Dáesh) fueron responsables de un ataque químico. Sin embargo, la acusación clara hacia el régimen sirio fue suficiente para que Rusia interviniera y usara su poder de veto para liquidar el mandato del JIM en noviembre de 2017.

A principios de 2018, Francia decidió actuar por su cuenta en el Consejo de Seguridad y anunció una iniciativa para crear una asociación internacional contra la impunidad por el uso de armas químicas. Más de treinta países asistieron a la conferencia de su fundación en París. La asociación pidió que se reforzara el papel de los organismos de investigación existentes y que se impusieran sanciones contra los responsables de los ataques químicos en Siria.

Paralelamente, también se estaban realizando nuevos esfuerzos dentro de la OPCW para tomar decisiones y medidas contra el uso de armas químicas en Siria. Estos esfuerzos culminaron en que la OPCW trascendiera su función meramente técnica, limitada a investigar los hechos del uso de armas químicas y determinar las sustancias utilizadas, etc. Asumía ahora nuevos poderes para asignar culpabilidades e identificar a los autores, algo sin precedentes en la organización. Así se estableció el Equipo de Investigación e Identificación (IIT, por sus siglas en inglés) de la OPCW en junio de 2018. Su primer informe, publicado en abril de 2020, determinó que el régimen de Asad fue responsable de tres ataques químicos en la zona rural del norte de Hama en marzo de 2017. Su segundo informe se ha publicado precisamente este mes, al averiguar que el régimen fue el responsable de un ataque en la ciudad de Saraqib el 4 de febrero de 2018.

En julio de 2020, sobre la base de los hallazgos de un informe del IIT, el Consejo Ejecutivo de la OPCW le dio al gobierno de Siria un período de 100 días para compartir toda la información relevante sobre cualquier actividad relacionada con las armas químicas, incluidos los datos sobre existencias, uso, transporte y cualquier otro detalle. Cuando expiró el plazo de 100 días, el director general de la OPCW informó que el régimen de Asad no había cooperado. Con el propósito de decidir qué medidas se tomarían en respuesta, los Estados miembros de la OPAQ se han reunido hoy.

Órganos de investigación

En resumen, desde el primer uso de armas químicas en Siria en 2012 hasta la actualidad, las cinco entidades oficiales siguientes han estado llevando a cabo investigaciones al respecto:

1.       La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (COI, por sus siglas en inglés) establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Emitió un mapa infográfico que describe la responsabilidad del régimen de Asad en 22 ataques químicos;

2.      Una Comisión de Investigación de la ONU separada, formada especialmente por el secretario general de la ONU, en 2013, para investigar incidentes químicos en Siria. Emitió un informe detallando el ataque de Guta del 21 de agosto de 2013, sin asignar responsabilidades a ninguna de las partes en Siria;

3.      La Misión de Investigación (FFM, por sus siglas en inglés) establecida por la OPCW en 2014, que ha investigado numerosos incidentes de uso de armas químicas y ha publicado 24 informes hasta el momento. No tiene poder para culpar a ninguna de las partes; su función se limita a verificar que se han producido ataques y determinar las sustancias utilizadas;

4.      El Mecanismo Conjunto de Investigación (JIM), establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en agosto de 2015 mediante la Resolución 2235. Emitió siete informes en el transcurso de dos años, uno de los cuales responsabiliza al régimen de Asad de la masacre de Khan Shaykhun y otro responsabiliza al Dáesh por un incidente distinto. En octubre de 2017, Rusia vetó la renovación del mandato del JIM;

5.      El Equipo de Investigación e Identificación (IIT) establecido por la OPCW para operar en paralelo con su FFM, pero dotado de facultades adicionales para asignar la responsabilidad de los ataques. Hasta la fecha, ha emitido dos informes tras averiguar que el régimen de Asad es responsable de cuatro ataques químicos.

Esfuerzos no gubernamentales

En octubre de 2020, más de siete años después de la atrocidad de Guta de agosto de 2013, y más de tres años después de la masacre de Khan Shaykhun en abril de 2017, tres ONG presentaron una denuncia ante el Fiscal Federal de Alemania en nombre de un grupo de víctimas sobre el uso de armas químicas en Siria. Estas ONG fueron el Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, el Archivo Sirio y la Iniciativa de Justicia para una Sociedad Abierta. Cinco meses después, las ONG presentaron otra denuncia ante el fiscal francés. Una tercera se presentó a principios de este mes en Suecia. Las quejas contenían investigaciones completas, con testimonios de testigos, evidencias visuales de fotos y secuencias de video, una cadena de mando que detalla los nombres y rangos del personal del régimen de Asad acusado de haber participado y los nombres de las entidades militares y de seguridad responsables de haber desarrollado el arsenal químico de Asad y de ejecutar los ataques. Estas ONG se han visto obligadas a construir estos casos debido a la falta de mecanismos alternativos efectivos para acusar a los perpetradores identificados en cada investigación. Aunque todavía no se han tomado medidas más allá de la presentación de las denuncias aparte de la apertura de investigaciones por parte del fiscal alemán, siguen representando un paso muy importante y sin precedentes.

Mientras trabajaba en el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, tuve la oportunidad de conocer algunos de los esfuerzos realizados para preparar casos legales y las discusiones en curso entre las organizaciones de derechos humanos en relación a las acciones que los Estados podrían tomar. Las propuestas variaban en tal sentido, desde la formación de un tribunal u otro mecanismo de litigio conjunto entre varios países, hasta la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Penal Internacional. Durante años, las organizaciones sirias han tenido que desempeñar un papel inmenso, comenzando por documentar las violaciones y proporcionando información a los organismos de investigación internacionales después de completar varios pasos de verificación. Ha sido, básicamente, el único par de ojos de los derechos humanos sobre el terreno, dada la escasa frecuencia con que las agencias de la ONU y los investigadores internacionales han podido acceder a los lugares de los ataques. Han tenido que desarrollar sus propios métodos, herramientas, técnicas y mecanismos para hacer frente a la extremadamente difícil situación de la seguridad. Incluso han tenido que analizar leyes, tratados internacionales y medidas ejecutivas para buscar un curso de acción que potencialmente pudiera conducir a acusar a los autores.

En 2018, durante un ejercicio de recolección de muestras, nos dividimos en varios equipos para realizar entrenamientos prácticos simulando las condiciones de los ataques químicos. Diferentes tipos de productos químicos activaban ciertos sensores, lo que nos permitió entrenar utilizando nuestros dispositivos de detección. Un aspecto importante de esta capacitación fue el uso de equipo de protección, seguido de su descontaminación y eliminación de forma que no contaminara el área de forma permanente. En mi equipo había un cirujano, dos farmacéuticos y yo, un dentista. La escafandra limita el movimiento, la capacidad para respirar cómodamente e incluso la capacidad para ver. Durante la formación, miré a mis compañeros a los ojos, como diciendo: ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué deberíamos capacitarnos a nosotros mismos, un grupo de médicos, para poder recolectar muestras químicas? ¿Es este realmente nuestro lugar? ¿Realmente teníamos que perder al Dr. Ali Darwish en un ataque químico? ¿No sería mejor para nosotros formar parte de los equipos que construyen el sector sanitario de Siria? ¿Se han agotado realmente las opciones hasta el punto de que se está capacitando a los médicos para recolectar estas muestras, y los activistas de derechos humanos están estudiando las formas legales de castigar a los autores de un delito del que una y otra vez múltiples partes han demostrado que eran responsables? ¿Todo esto estaría sucediendo si no fuera por las líneas rojas de Obama?

Propaganda prorégimen

Desde 2012, la respuesta del régimen de Asad a las acusaciones de haber perpetrado ataques químicos ha adoptado dos formas principales. La primera es la negación total del hecho de cualquier ataque, acusando a la oposición o a las organizaciones humanitarias de haberlo pergeñado todo. ¿Quién podría olvidar que la asesora para los medios de Asad, Buthaina Shaaban, afirmó que los niños habían sido secuestrados y convertidos en actores de crisis para escenificar la masacre de Guta? La segunda forma de respuesta fue reconocer que se habían producido ataques químicos, pero acusar a los oponentes del régimen de haberlos llevado a cabo ellos. El régimen y su maquinaria mediática realizaron grandes esfuerzos en este sentido, y también el gobierno ruso, que tomó después la iniciativa en esta campaña de desinformación.

El ataque con cloro en Duma en 2018 fue un momento histórico para la maquinaria de propaganda rusa. Moscú llegó a crear un grupo dedicado a intimidar a los testigos, encabezado personalmente por el coronel Alexander Zorin, un personaje notable en la negociación de acuerdos locales en Siria. Esta maquinaria de propaganda rusa se centró principalmente en las siguientes actividades:

1.       Intimidación de testigos: esto se hizo principalmente mediante llamadas telefónicas de miembros del personal médico que habían sido reclutados para ese propósito. Se amenazó a los testigos de los ataques químicos con hacer daño a sus familiares que vivían en zonas bajo el control del régimen de Asad si ofrecían pruebas de que se habían producido los ataques;

2.      Intentos de socavar la credibilidad de las investigaciones: se dirigieron especialmente a la OPCW, lo que obligó a esta a publicar un informe detallado para refutar las acusaciones falsas que se le hicieron;

3.      Presión política sobre los órganos de investigación: Un ejemplo notable fue cuando el COI se abstuvo de incluir sus hallazgos sobre el ataque químico de Duma en su informe periódico, emitido en julio de 2018. El COI redactó las páginas relevantes en el último minuto;

4.      Testimonio fraudulento ante la OPCW: En 2018, la misión rusa en la OPCW acogió a testigos falsos en La Haya. El director general de la OPCW objetó que se suponía que los investigadores debían entrevistar a los testigos antes de que implicarse de esa forma. Los rusos, sin embargo, siguieron adelante, dejando claro toda la farsa era una artimaña para los medios.

¿Retorno a antes de 2013?

Los ataques químicos en Siria describen una imagen clara de la criminalidad del régimen de Asad, que no apreció nada en las ilusorias líneas rojas de Obama —ni en las ineficaces Resoluciones del Consejo de Seguridad— excepto luz verde para más atrocidades y masacres. Primero, se produjo el ataque en Guta de 2013, con su terrible número de víctimas; después, la serie de ataques en las zonas rurales de Hama e Idlib entre el 25 de marzo y el 4 de abril de 2017, comenzando con el ataque al hospital al-Lataminah; y terminando con la masacre de Khan Shaykhun, con todo lo que esto implicó en términos de destrucción de las instalaciones sanitarias. Después se produjeron la serie de ataques que coincidieron con la campaña militar en Alepo, en la que se utilizaron productos químicos contra ciertos sitios que a la maquinaria bélica de Asad le resultaba difícil destruir por otros medios, incluidos hospitales, como el ataque al “Hospital M10” a principios de octubre de 2016.  Estos ataques culminaron con la masacre de Duma de abril de 2018, con más ataques en los alrededores y entradas del hospital. Aunque la victoria era inminente para el régimen, su insaciable apetito por la violencia lo llevó a cometer otra atrocidad química, para activar después una maquinaria de propaganda e intimidación de testigos que pusieran en duda las investigaciones independientes y atacaran la credibilidad de los órganos de investigación. Todo ello con objeto de ejercer presiones políticas sobre estos organismos para que diluyeran sus hallazgos y vacilaran a la hora de asignar responsabilidades.

En más de ocho años de seguir este tema, comprometerme con él y llegar a callejones sin salida en todo momento, y como testigo directo de los ataques químicos cuando estuve en Siria antes de 2014, además del contacto posterior con testigos y órganos de investigación y mi participación en la documentación y respuesta al uso de armas químicas, siempre he tenido la esperanza de que algún día se tomen medidas reales para hacer que Asad rinda cuentas (más allá del puñado de misiles que el presidente Trump lanzó contra la infraestructura de Asad después de las masacres de Khan Shaykhun y Duma en 2017 y 2018, respectivamente). Sin embargo, parece que seguimos cargando con el legado de las líneas rojas de Obama y que los actores estatales occidentales, encabezados por USA, tienen la misma responsabilidad, al menos a nivel ético, que Rusia, que apoyó directamente al régimen, a la luz de su aprobación del acuerdo concluido en septiembre de 2013 entre Washington y Moscú.

Durante un viaje de promoción, después de reunirme con varios miembros del Congreso usamericano, un becario, graduado en ciencias políticas por una universidad usamericana, vino a conversar con nosotros mientras caminábamos. En ese momento, estábamos tratando de presionar a un grupo de Estados para que adoptaran medidas serias contra el bombardeo de hospitales en Siria. El becario me dijo: “Si estuviera en su lugar, trataría de presionar contra el uso de armas químicas. Hay pocos países involucrados en el uso de armas químicas, y es un palo que a todos les encantaría usar; pero todos los Estados a los que se presiona contra el bombardeo de hospitales están ellos mismos involucrados en tales bombardeos en alguna parte; si no en Siria, en Afganistán, el Yemen, Iraq o cualquier otro lugar”.

Hoy recuerdo las palabras de aquella persona, y siento que esos Estados solo desean agitar ese palo; que lo máximo que están dispuestos o pueden hacer es suspender la membresía de Siria en la OPCW. Al final, ni siquiera han llegado tan lejos. Mientras tanto, los trabajadores médicos y las ONG por los derechos humanos se verán obligados a persistir en sus esfuerzos para romper rocas con las uñas desnudas, mientras que los testigos seguirán temiendo que están arriesgando en vano su seguridad y la de sus familias, mientras los Estados más poderosos del mundo no hacen más que despojar al régimen de Asad de sus derechos de voto en una organización internacional a la que, ante todo, nunca tuvo interés en incorporarse.

Nota del editor: Este artículo se publicó en cooperación con la campaña Don’t Suffocate Truth.