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 19/01/2017 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
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 AFRICA 
AFRICA / El Parlamento egipcio adopta una nueva ley sobre las asociaciones, auténtica declaración de guerra a la sociedad civil
Date of publication at Tlaxcala: 19/12/2016
Original: مصر: مجلس الدولة يُقر قانون الجمعيات والمنظمات الخيرية تنضم إلى معارضته
Translations available: English  Français 

El Parlamento egipcio adopta una nueva ley sobre las asociaciones, auténtica declaración de guerra a la sociedad civil

Mada Masr مدى مصر

 

El Parlamento egipcio aprobó a toda prisa, el martes 29 de noviembre, una nueva ley sobre las ONG, solo un día después de que el Consejo de Estado estableciera que no había indicios de inconstitucionalidad.

 

El diputado Haitham al-Hariry, miembro de la coalición de oposición 25-30, explicó a Mada Masr que la ley no fue aprobada por unanimidad, pero que resulta difícil saber cuántos parlamentarios votaron a favor o en contra debido a la inexistencia de un sistema de voto electrónico.

"El Consejo de Estado ha expresado sus reservas respecto a 23 de los 89 artículos, casi un tercio de la nueva ley, lo que indica que el proceso de redacción ha sido demasiado precipitado”, afirmó Hariry. Los legisladores no han dispuesto de tiempo suficiente para examinarla adecuadamente antes de votar, añadió.

El presidente del Parlamento, Ali Abdel Aal, ha declarado que la aprobación de la ley es “un mensaje al mundo entero de que Egipto es un país independiente y soberano. Este Parlamento está unido de corazón”, según el periódico privado Al-Masry Al-Youm.

Diversas organizaciones de derechos humanos y partidos políticos han hecho pública una declaración crítica con este proyecto.

El Consejo de Estado de Egipto debe, en primer lugar, examinar estos proyectos de ley para evaluar su constitucionalidad, antes de transmitir al Parlamento su aprobación. El jefe de la división legislativa del Consejo de Estado, Ahmed Abul Azm, anunció el lunes que el ministerio había finalizado la revisión del proyecto y lo había remitido al Parlamento para que este continuara con los procedimientos de ratificación.

Abul Azm afirmó que el Consejo de Estado no ha introducido cambios en el proyecto, ni siquiera sobre la controvertida autoridad nacional, encargada de regular a todos los grupos que reciben fondos extranjeros.

Es evidente que el Estado, desde hace un tiempo, busca restringir drásticamente el trabajo en favor de los derechos humanos, mediante una lucha que se manifiesta en las numerosas prohibiciones para viajar a los defensores de estos derechos y en la reactivación del asunto de la financiación extranjera de las ONG, que permanecía aletargado desde 2011.

Diversas organizaciones caritativas dicen que la nueva ley va a limitar seriamente su trabajo y los servicios que prestan.

Ahl Masr (Las Gentes de Egipto) trabaja con las víctimas de quemaduras y pretende establecer el primer hospital del país especializado en quemados. La directora de esta organización, Hiba Al Seweidy, ha criticado la ley y el proceso acelerado con el que ha sido adoptada a través de un post en su página de Facebook.  

Seweidy ha condenado la ceguera del Parlamento acerca del papel que desempeñan organizaciones como Ahl Masr y ha añadido que “la gente que necesita comida, educación, agua y hogares seguros no habría sobrevivido sin estas organizaciones en el transcurso de los últimos años”.

El actor Mohamed Sobhy, fundador y jefe de Ma'an (Juntos), que trabaja para el desarrollo de las zonas de asentamiento irregulares, ha revelado que ahora está desmantelando su organización tras la adopción de la ley. En una intervención telefónica en el programa  «90 minutos», de Al-Mehwar TV, Sobhy dijo que ya no quedaba ninguna buena razón para que él continuara con su labor, “puesto que se ha desvirtuado y me he transformado en empleado del Gobierno”.

Sobhy ha sugerido que el Estado, al imponerse en todo lo referente al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, está diciendo de hecho que este trabajo no es necesario.

El periodista Mohamed Garhy, fundador del hospital de caridad 25-Enero, ha realizado 15 observaciones a la nueva ley que, en su opinión, llevará al cierre a numerosas organizaciones “que desempeñan un papel importante de compensación ante el fracaso y la incapacidad del Estado”.

Mada Masr había obtenido y publicado el proyecto de ley a principios de este mes. El Gobierno ya había creado su propio proyecto de ley, criticado por las organizaciones de derechos humanos. Estos mismos grupos han declarado que el proyecto parlamentario era aún más severo.

La ley redactada por el Parlamento introduce una nueva autoridad nacional –la Autoridad Nacional para la Regulación de las Organizaciones no Gubernamentales Extranjeras–, cuyo mandato no se verá limitado por la vigilancia de organismos extranjeros; se ocupará del seguimiento de todas las ONG que reciben fondos extranjeros y de la verificación de que estas organizaciones gastan el dinero que reciben de la forma aprobada. La autoridad debe ser informada igualmente de la financiación de origen local.  

La autoridad se creará por un decreto presidencial y estará dirigida por un presidente a tiempo completo. Contará entre sus miembros con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Justicia, de Interior, de Cooperación Internacional y de Solidaridad Social. El Servicio de Inteligencia, al igual que organismos gubernamentales como el Banco Central y la Unidad para el Blanqueo de Dinero, también estarán representados, según la nueva ley.

Mientras que el proyecto de ley precedente estipulaba que la ausencia de respuesta de la autoridad a los 60 días en lo relativo a una financiación suponía su aprobación, la ley actual considera que una ausencia de respuesta equivale a su rechazo.

Las sanciones previstas en el artículo 87 de la nueva ley van de uno a cinco años de prisión, además de una multa de 50 000 a un millón de libras [=2500 a 50 000 €]. Entre los crímenes considerados sancionables con cinco años de prisión, se encuentran la cooperación sin permiso con una organización extranjera para realizar una labor de sociedad civil y conducir o participar en una investigación de campo o una encuesta de opinión en el dominio de la sociedad civil sin autorización previa.

Según el artículo 21, no está permitido que una asociación abra una sede principal u oficinas en cualquier provincia sin la aprobación del ministro de Solidaridad Social. Aquellos que cambien la sede de una asociación a un lugar que no sea el inicialmente registrado serán castigados con penas que pueden alcanzar hasta un año de prisión y una multa que puede llegar hasta las 500 000 libras [=25 000 €].

Las asociaciones están obligadas “a trabajar según el plan y las necesidades de desarrollo del Estado”, estipula el artículo 14.

Mohamed Zaree, jefe de la oficina cairota del Instituto del Cairo para los Estudios de los Derechos Humanos (CIHRS), ya había dicho a Mada Masr que la nueva ley no solo apuntaba a las organizaciones de derechos humanos, sino a todas las organizaciones de desarrollo local y a las iniciativas individuales. Para él, esta ley indica que el Estado está en guerra con la sociedad civil.

“Bueno, niños, ¿dónde va la gente que no quiere a Papá Sissi?”
“Va a la cárcel, maestra”

Viñeta de Andeel

 





Courtesy of Tlaxcala
Source: http://bit.ly/2gpudYT
Publication date of original article: 28/11/2016
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=19486

 

Tags: EgiptoLey de asociacionesONGGuerra a la sociedad civil
 

 
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