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 19/01/2017 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 AFRICA 
AFRICA / El caso del oasis de Jemna: cuestión campesina y revolución democrática en Túnez
Date of publication at Tlaxcala: 20/11/2016
Original: L'affaire de Jemna : question paysanne et révolution démocratique en Tunisie
Translations available: English  Italiano  عربي 

El caso del oasis de Jemna: cuestión campesina y revolución democrática en Túnez

Aziz Krichen عزيز كريشان

Translated by  Juan Manuel Rendón
Edited by  María Piedad Ossaba

 

En los últimos tiempos, de lo único que se habla es del caso de Jemna. Se convirtió en la nueva manzana de la discordia. Las discusiones son violentas, cargadas de gritos y furia. En los medios de comunicación subordinados, para denunciar la ocupación de tierras por parte de los campesinos, se presentan los argumentos más inverosímiles. Estos argumentos sacan a relucir más los fantasmas de sus autores que la realidad de los hechos.

No es mi intención sumar mi voz a este griterío, sino simplemente recordar algunos datos elementales que ayuden a centrar nuevamente el debate sobre las cuestiones de fondo, que van mucho más allá del caso específico de este palmeral del sur.

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 Jemna es un oasis ubicado en la gobernación de Kébili, en el sur de Túnez. Antiguo dominio colonial, el palmeral se nacionalizó en 1964, en el marco de la ley de descolonización agraria. Los habitantes del oasis negociaron su recompra con el gobernador. Firmaron un compromiso de venta, y mediante una colecta, consiguieron adelantar la mitad de la suma solicitada, 80.000 DT de aquel entonces. Luego, la autoridad pública denuncio el contrato, y transformo el dinero ya percibido en acciones falsas de compañías  semiestatales. A continuación, se otorgó el palmeral a una filial de la STIL, especializada en la producción y exportación de dátiles. En 2002, luego del fracaso de esta filial, se alquilaron las tierras a dos promotores privados cercanos a los Trabelsi, por un período de 15 años. El 12 de enero de 2011, dos días antes de la fuga de Ben Ali, los campesinos de Jemna comienzaron a ocupar las tierras. Actualmente, el gobierno quiere retomar estas tierras. Léase también La ‘comuna’ del oasis de Jemna, por Ricard Gonzalez, El Pais, 8-6-2016

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I

Primero, habría que preguntarnos por el estatus de las tierras fiscales, de las que Jemna es solo una minúscula parcela. Las posesiones del Estado se extienden sobre más de 800.000 hectáreas y comprenden una buena parte de las tierras más fértiles del país. Antes de 1956, estas tierras  estaban en manos de los colonos, franceses o afines. A partir de 1964, con la ley de descolonización agraria, fueron nacionalizadas  y luego su  gestión  fue confiada a la OTD (Office de terres domaniales, Oficina de Tierras Fiscales), bajo supervisión directa del ministerio de Agricultura.

El problema que se plantea es por qué se hizo de esta forma: ¿por qué el Estado guardó estas tierras bajo su control? ¿Es su vocación poseer tierras agrícolas y garantizar su explotación? ¿Es parte de su rol transformarse en terrateniente y granjero? El ocupante extranjero le había arrancado al campesinado estas tierras por la fuerza. Su recuperación había sido una de las principales reivindicaciones del movimiento de liberación nacional. Una vez que el Estado las recuperó, ¿no hubiese sido más normal, más justo y más sano devolvérselas a sus propietarios originales?

En aquel momento, el argumento oficial –repetido luego por los sucesivos gobiernos– era que los campesinos tunecinos no tenían técnicas avanzadas y que contaban con pocos recursos financieros para la explotación eficaz y rentable de estas tierras. A su vez, la gestión estatal podía mantener y mejorar los niveles de producción, crear valor y utilizar la ganancia generada para financiar al resto de la economía.

El razonamiento habría subsistido si se hubiese reflejado en la práctica. Lo que no es el caso. Incluso dejando de lado el corto período de colectivización forzada (1965-1969), que provocó un verdadero derrumbe de la producción agrícola, el resultado de la explotación pública de las tierras fiscales siempre fue deficitario. No se trata de afirmaciones gratuitas. Las cuentas de la OTD se publican todos los años. Desde 1970, no vemos un solo ejercicio con superávit. Ya transcurrió medio siglo y el escándalo continúa. La OTD tiene un déficit crónico, que tiende a aumentar ejercicio tras ejercicio.

En lugar de desarrollar una agricultura moderna, eficaz y rentable, la explotación de las tierras fiscales por parte de la OTD solo produce déficit, y en lugar de aportar al presupuesto del Estado, le agrega una carga adicional. Más grave aún:  esta oficina generó un sistema organizado de corrupción, presente en todos los niveles de la jerarquía burocrática establecida.

Esta corrupción tentacular no es el resultado involuntario de la gestión pública de la tierra, sino su consecuencia necesaria, mucho más al ocurrir bajo la sombra de un sistema político –en especial, desde la llegada al poder de Ben Ali– que se convirtió en cómplice y protector de una oligarquía especuladora y mafiosa, cuyos intereses terminaron por prevalecer sobre los intereses del Estado y del país.

Es probablemente  esta inquietante  verdad que explica la virulencia de aquellos que denuncian la recuperación  de la granja de Jemna por los habitantes del oasis. Repentinamente cuanto cambió de manos, la granja comenzó a producir  beneficios y su gestión se volvió transparente: lo que creó un precedente insoportable…

Capuchino de homenaje a Jemna, por Mahdi, ciudadano de El Hamma, via facebook

 

II

A partir de 2011, el fenómeno de la ocupación campesina de tierras fiscales se extendió más allá de este oasis del sur, y comprendió decenas de otras zonas agrícolas repartidas en todo el territorio. Ha llegado el momento de preguntarse por qué. Ya que este fenómeno solo alcanzó a las tierras fiscales y nunca a aquellas de propiedad privada, sea cual fuere el tamaño de las mismas. Lo que muestra que no estamos frente al atropello anárquico de comuneros atacando al latifundio como tal, sino que se trata de un movimiento de reapropiación cuyo único objetivo son los dominios del Estado[1].

Muchos pensaron que la revolución que derrocó a Ben Ali solo era política, y que se reducía a un simple cambio del equipo dirigente. Es lo que la mayoría de los partidos de la antigua oposición parece haber creído. Pero estaban muy equivocados. Las verdaderas revoluciones son políticas, pero también, y sobre todo, económicas y sociales: eliminando los privilegios ilegítimos y antiproductivos de una minoría, pretenden introducir una reorganización general de la economía y de la sociedad, a fin de satisfacer las necesidades de la mayoría y promover el desarrollo y la riqueza nacional.

El levantamiento tunecino fue apoyado por cuatro grupos sociales principales: el mundo rural, la población de los barrios periféricos, el conjunto de los asalariados y las clases medias[iii]. Al participar al levantamiento, cada uno de estos grupos presentaba reivindicaciones específicas. Y el hecho de que en aquel momento no se haya encontrado un movimiento político que los tuviera en cuenta, ni de que se los haya podido articular en un programa coherente, no significa que esas reivindicaciones no existieran.

Para los campesinos, condenados por el antiguo régimen a vivir en condiciones de extrema incertidumbre, los motivos de insatisfacción eran numerosos y justos. Uno de los más importantes tenía que ver con el acceso a la tierra, y especialmente, con la recuperación de las tierras que la colonización les había arrebatado y que el Estado nacional, prolongando el saqueo, se había guardado para sí, en lugar de devolvérselas a sus destinatarios originales.

El derecho a la tierra es un problema recurrente a lo largo de nuestra historia moderna. Siempre se planteó en términos de enfrentamientos con el poder político. Antes del protectorado, bajo el régimen beylical, se llevó la exclusión al punto extremo: los campesinos no podían, literalmente, ser propietarios de las tierras que trabajaban. A su vez, los atributos oficiales de los beys eran sumamente reveladores en este sentido. Al acceder al trono, cada soberano se transformaba ipso facto en “Poseedor del Reino de Túnez”. Todo el país, tanto el territorio como sus habitantes, formaba parte de su patrimonio personal.

El país era suyo, podía manejarlo a su antojo. Para establecer su fortuna y, al mismo tiempo, darle un fundamento sociológico a su dominación, hacía explotar un determinado número de terrenos agrícolas en beneficio propio, y distribuía los otros entre sus vasallos para mantener su lealtad. Estas concesiones (iqtaâ) nunca se otorgaban de forma definitiva. Lo que el bey daba un día, podía tomarlo de nuevo al día siguiente y dárselo a otros pretendientes.

Esta práctica dejaba de lado a los campesinos, que permanecían en las tierras y simplemente veían cambiar sus dueños, según la estrategia política o el capricho del bey. Aunque trabajaban la tierra desde hacía muchas generaciones, no tenían derechos sobre ella ni podían poseerla.

En estas condiciones, donde el monarca era el propietario eminente del suelo y de los hombres, la apropiación privada no podía aparecer ni desarrollarse salvo al margen, en los intersticios del sistema. A su vez, esta imprecisión jurídica facilitó enormemente el trabajo de saqueo de los defensores de la colonización agraria. Dado que los autóctonos no tenían títulos de propiedad para hacer valer sus derechos, la potencia colonial se vio ante una situación de ausencia de propiedad, que la autorizó a distribuir la tierra entre sus propios ciudadanos. Gracias a este juego de manos, muchos colonos obtuvieron vastos dominios.

Así, el accionar de Francia con el campesinado era el mismo que el del bey: el país era suyo, podía repartir el botín como se le diera la gana. En 1964, al nacionalizar las tierras coloniales, Bourguiba reprodujo este comportamiento patrimonial. Aunque no lo hizo para enriquecimiento propio ni de sus parientes, como los antiguos beys. No quería la tierra para sí ni para los suyos, sino para el Estado, bajo una perspectiva autoritaria de modernización de la economía y de la sociedad. Su despotismo no era interesado, sino “iluminado”. Pero despotismo al fin: un régimen donde el poder político lo es todo, y la población, no es nada.

Menciono estos hechos históricos para esclarecer el actual debate y destacar la principal diferencia entre la dictadura y la democracia. Por haberla vivido, todos sabemos lo que es la dictadura. Pero no parece que los partidos del actual gobierno realmente sepan lo que es la democracia. La democracia no significa la desaparición del rol del Estado, sino que exige la transformación de este rol, de forma que el gobierno se ponga al servicio de la sociedad, en vez de querer imponerle su absolutismo.

No se puede concebir la democracia sin la autonomía del cuerpo social. Esta autonomía pasa, primero, por su independencia económica, que supone el acceso de la mayoría al derecho a la propiedad. No existe democracia sin sociedad civil, ni sociedad civil si los ciudadanos que la componen ‒o un número significativo‒ no son dueños de sus condiciones de existencia material. Nunca la ciudadanía se construye sobre la base de la exclusión.

En democracia, el Estado no tiene derecho a interponerse entre la tierra y el campesino que la trabaja; no tiene derecho a prohibirle ser propietario de la tierra. En democracia, el Estado no tiene derecho a poseer tierras y a monopolizar lo mejor de la superficie agrícola fértil de un país, sean cuales fueren los motivos jurídicos o ideológicos invocados.

En democracia, cuando las leyes vigentes impiden a los campesinos acceder a la tierra ‒ esto siempre ocurre en los períodos de transición, ya que estas leyes se dictaron bajo el antiguo régimen ‒, deben cambiarse, y no utilizarse para seguir reprimiendo a quienes las impugnan. Los campesinos que ocupan las tierras del Estado no violan el derecho, lo establecen.

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Homenaje a Jemna, por el artista sirio Yasser Ahmad

III

Túnez atraviesa una crisis aguda, presente en todos los ámbitos de nuestra vida colectiva. Esta crisis muestra el fracaso de un modelo de desarrollo y, principalmente, de su sector agrícola. De hecho, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que la mayor parte de nuestras dificultades económicas y sociales están relacionadas con la pauperización y la marginalización del sector rural, provocadas por la política oficial para el sector agrario.

  • Esto se manifiesta en primer lugar en la insuficiencia de la producción agrícola, en especial la producción de cereales, base de la alimentación popular (pan, sémola, pastas, harina...). Nuestro consumo anual de productos cereales se eleva a 30 millones de quintales. Según la cosecha, producimos entre 10 y 20 millones. Año tras año, nuestro déficit varía entre un tercio y dos tercios de nuestras necesidades. Estamos muy lejos de la soberanía alimentaria, primera condición para la independencia de una nación. Los malos resultados no tienen una única causa (pluviometría, o calidad de los suelos, o métodos culturales, o monopolio estatal de tierras más aptas, etc.) sino muchas. Entre éstas, hay una que juega un rol fundamental porque agrava el impacto negativo de todas las otras: la política de precios. Desde 1956, el Estado fija los precios de venta del trigo y la cebada. Se establecen a un nivel muy bajo, lo que provoca que la agricultura de subsistencia sea poco rentable, que no se aproveche, y que los campesinos que la practican estén en una situación muy precaria. Si la lluvia depende del cielo, en nuestro caso, los precios dependen del gobierno. ¿Por qué los fija a un nivel tan bajo? Por razones de clientelismo político. Porque desde 1956, prioriza el poder de compra de los citadinos antes que el de  los campesinos. No es por azar que la explosión de diciembre de 2010 primero haya estallado en las gobernaciones agrícolas.
  • En segundo lugar, la crisis se refleja en la proliferación de la economía paralela. La pauperización continua del campesinado provoca un movimiento permanente de los que parten del campo a la ciudad. Al contrario de lo que pretende la propaganda oficial, este éxodo no es el signo de lo dinámico y atractivo de la economía urbana, sino la marca de la incapacidad de la economía rural para retener a sus hijos y alimentarlos. Los campesinos desarraigados abandonan el campo, pero la ciudad no los acoge. La mayoría de ellos no encuentra casa ni trabajo. Se instalan en barrios periféricos que rápidamente se convierten en guetos insalubres, y se dedican a actividades de supervivencia dentro de los diferentes niveles de la economía paralela: comercio ilegal, contrabando fronterizo, tráfico de sustancias ilícitas, etc.

En la actualidad, esta economía ilegal representa un 50% del PBI, aproximadamente. Al principio, este fenómeno parecía ser una solución de refugio para personas sin recursos. Hoy en día, constituye una amenaza frontal para la industria nacional, ya que la gran mayoría de los productos comercializados en el mercado paralelo son de origen extranjero (China, Italia, Turquía).

  • Las consecuencias de la política agrícola del Estado se manifiestan también en otro ámbito esencial: el de los salarios que se pagan en el sector industrial y en el de servicios, principalmente en la administración pública. De hecho, la poca remuneración del trabajo de la tierra permite mantener los salarios distribuidos en la economía no agrícola a niveles que también son muy bajos. Un ejemplo: actualmente, el salario mínimo en Túnez es apenas la mitad del marroquí, y un 10% del europeo.

La política de precios en la economía rural, especialmente para los cereales, se correlaciona directamente con la política salarial de la economía urbana. Con una visión clientelista, se trataba de alimentar a bajo costo el mayor número posible de asalariados en las empresas y en la administración, sin tener en cuenta necesidades o racionalidad económica. Las mismas causas producen los mismos efectos: la política de precios terminó  por romper el desarrollo de nuestra economía rural, y la política de los salarios terminó por romper el desarrollo de nuestra economía urbana. En ambos sectores, la ausencia de una retribución decente para los trabajadores generó actitudes de desinterés respecto al trabajo. En todas partes, hubo una reducción de la productividad y del rendimiento, y aparecieron prácticas de corrupción multiformes para compensar los ingresos insuficientes provenientes de los circuitos oficiales de remuneración.

  • Las consecuencias se manifiestan aún en las limitaciones de las actividades no agrícolas, dado el efecto acumulado de los factores precedentes. El desarrollo del sector secundario (la industria) y terciario (los servicios) supone la existencia de una amplia demanda solvente (de los consumidores dotados con un poder de compra real) y, por lo tanto, de un mercado interno suficientemente vasto  para permitir economías de escala y posibilitar el crecimiento y la mejoría de gama de las empresas.

 En sí misma, nuestra base demográfica es reducida: cerca de 12 millones de habitantes. Por la cantidad de desocupados y la mediocridad del ingreso de los campesinos, los marginales de los barrios periféricos y de la gran masa de asalariados (juntos, agrupan a más del 80% de la población), la demanda de productos de la industria y de los servicios está condenada a permanecer estructuralmente limitada. Nuestras empresas se disputan un mercado estrecho, lo que impide a la mayoría de ellas perspectivas de progreso tecnológico y de crecimiento sostenido. Aquellas que apuntan a la exportación para compensar la limitación de las salidas domésticas se encuentran con otras dificultades. Algunas tienen éxito, sobre todo en actividades subcontratadas, aunque todas terminan por darse cuenta de que la proyección sostenida en el extranjero es casi imposible si, a nivel nacional, no se cuenta con una base sólida de acumulación.

  • Estas diversas disfunciones del sistema económico crearon condiciones que favorecieron, primero el nacimiento, luego el crecimiento de la nebulosa especuladora y mafiosa, cuyas fechorías se observan hoy en muchos ámbitos de nuestra existencia nacional. Aprovechando la protección del poder político y la fragilidad de los grupos sociales   ‒campesinos, subproletariado de barrios periféricos, asalariados, dueños de PYME ‒ beneficiaron a esta nebulosa, que se fue ramificando hasta convertirse en una verdadera gangrena que infectó a sectores enteros de la sociedad y a las principales instituciones: la administración central y local, la justicia, las aduanas, los medios de comunicación, los bancos públicos, etc.

La enfermedad apareció en los años 1970, durante el gobierno de Nouira, y alcanzó su punto culminante con Ben Ali, cuando el clan Trabelsi tomó el mando. El levantamiento de 2010-2011 no erradicó el fenómeno,solamente lo perturbó momentáneamente, antes de que la deriva vuelva a partir con más fuerzas, agravando el caos económico y pervirtiendo  a la población.

IV

En relación con sus estructuras de base, un sistema económico es un conjunto de relaciones, un andamiaje donde todas las piezas están unidas. Vimos cómo la política agrícola produjo el éxodo rural y el comercio paralelo, y cómo esto conducía a una política de bajos salarios. Y también, cómo todos estos elementos conjugados contribuían a impedir el desarrollo de nuestras empresas, al mismo tiempo que abrían el camino para la conformación de una oligarquía especuladora y mafiosa.

Acabo de hablar de andamiaje. Se trata de uno muy especial, una suerte de círculo vicioso. Cada falta, cada error de cálculo cometido en un punto del círculo se comunica, ampliado, a todos los otros puntos. A este sistema perverso apuntaba, en realidad, el levantamiento popular. La caída del régimen que reclamaban los manifestantes tenía por objetivo desmantelar el antiguo andamiaje y reemplazar el círculo vicioso por un círculo virtuoso. Desde esta óptica, se entiende el carácter estratégico de la cuestión agraria. Es la causa de todo el resto. Allí se sitúa el nudo gordiano.

El fundamento económico del antiguo régimen se basaba en la pauperización planificada del campesinado. El fundamento del régimen democrático a construir   debe ser una política que, mediante el restablecimiento de los derechos de los campesinos, haga de nuevo el trabajo de la tierra rentable y productivo para la gran mayoría. Si se desbloquean las cosas en este nivel, aparecerán los medios para el desbloqueo progresivo en todos los otros.

La cuestión agraria constituye el núcleo  de la  revolución democrática. Al suprimir monopolios arbitrarios –monopolio del Estado sobre las tierras más fértiles, monopolio del Estado en la definición del precio de los cereales, etc.–, no solo se integra el mundo rural en la economía de mercado. Esto es posible si se le da la base demográfica indispensable para su funcionamiento. Desarrollando la producción agrícola y mejorando el ingreso de los campesinos se dota de una palanca esencial para impulsar el aumento de la producción en todos los otros sectores de la economía y mejorar el poder de compra del resto de los grupos sociales. La democracia puede llegar en un país donde reina la pobreza, pero no puede mantenerse sin riesgo si la pobreza masiva se perpetúa.

De esta manera, la solución al problema agrario aparece como un pasaje obligado, que condiciona no solo la superación de la crisis del antiguo modelo económico, sino también la estabilización a largo plazo del nuevo sistema político. Se deben superar dificultades numerosas y complejas. Sobre todo, hemos insistido en el asunto de las tierras fiscales y en el de la política de precios para ura el cultivo de los cereales. Pero hay que afrontar otros desafíos.

En líneas generales, podemos mencionar el problema de los recursos hídricos, ya mencionado, o el de los circuitos de distribución, donde acecha una mafia de intermediarios corruptos, que estafa tanto a los productores rurales como a los consumidores urbanos, y cuyas redes actualmente dominan todos los mercados mayoristas regionales. Hay también graves problemas de infraestructura: insuficiente transporte terrestre y ferroviario, poca capacidad de almacenamiento y de conservación en frío, pocos medios de transporte adaptados, etc.

Y aún está el problema del extremo fraccionamiento de la pequeña propiedad, de fundamental importancia en la perspectiva  de la restitución de las tierras del Estado. De hecho, esta restitución puede contribuir a reducir el fenómeno, o por el contrario amplificarlo, según la hipótesis de una distribución indiscriminada. Estamos frente a una situación en la que es necesario encontrar el mejor arbitrio entre dos imperativos que no siempre concilian con facilidad: el imperativo de justicia y el de eficacia. Queda claro que solo un gobierno fuerte, con una legitimidad popular sólida, podrá imponer semejante arbitrio.

Como vemos, es inmenso el trabajo pendiente para poner de pie al Túnez rural. Exige una estrategia pensada, mucha determinación y pedagogía y, sobre todo, la plena  movilización de los principales implicados. ¿Podrá el poder actual estar a la altura de las circunstancias? Dada la reacción inicial frente al caso Jemna, cabe la duda.

En realidad, estamos ante dos posibles escenarios: o bien se hará un esfuerzo para escuchar los legítimos reclamos de los campesinos, o bien se harán oídos sordos a sus reivindicaciones y se tratará de preservar el status quo. En el primer  caso, la nación progresará unida, de forma responsable y disciplinada, y se consolidarán a bajo costo las bases materiales de la democracia. En el segundo caso, se dividirá, la represión agravará la anarquía y el desorden, y se acumularán las pérdidas y los retrasos. Sin embargo y pese a todo, en ambos casos se producirá finalmente el cambio. Porque el cambio se introdujo en lo más profundo del cuerpo social, y nada ni nadie podrá, de ahora en adelante, detener su marcha. Los combates de retaguardia no impedirán que gire la rueda de la Historia.

 Notas

[1] De la misma forma que los actos de vandalismo contra los bienes, registrados en el levantamiento de diciembre de 2010-enero de 2011, nunca apuntaron a los ricos por ser ricos, sino únicamente a individuos cercanos a Ben Ali, cuya fortuna provenía de actos extorsivos y del traspaso de derechos que esta proximidad permitía.

[2] Aziz Krichen, La promesse du Printemps, pp. 388-416, Edición Script, 2016, Túnez.

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Source: http://bit.ly/2fCfWYN
Publication date of original article: 31/10/2016
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Tags: Oasis de JemnaTierras fiscalesLuchas campesinasAutogestiónRevueltas lógicasTúnez
 

 
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